Declaración JD 31/3/2026

Departamento de Ciencias
Antropológicas - Facultad de Filosofía y
Letras - Universidad de Buenos Aires

31 de marzo de 2026

En defensa de la Ley de Glaciares

Visto:

Que el
Gobierno Nacional ha impulsado la "adecuación" de la Ley N° 26.639,
Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del
Ambiente Periglacial, con el respaldo de gobernadores que buscan habilitar
proyectos extractivistas.

Que la
reforma propuesta cuenta con el respaldo para su aprobación de gobernadores que
integran la Mesa del Cobre y la Mesa del Litio, quienes buscan facilitar la
expansión de actividades extractivas, especialmente la megaminería, en áreas
actualmente protegidas.

Que dicha
reforma implica un incremento del déficit hídrico a nivel nacional,
particularmente en las provincias cordilleranas.

Que uno de
los ejes de la reforma propone transferir la delimitación de las áreas
periglaciares a los gobiernos provinciales, en detrimento del Ianigla,
organismo técnico independiente del Conicet.

Que dicha
iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores desde el 26 de
febrero de 2026 y su tratamiento en la Cámara de Diputados es inminente.

Que tras la
aprobación en el Senado, las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos
Constitucionales han llevado a cabo una audiencia pública antidemocrática, que
cercenó la participación de más de cien mil personas, tras un récord histórico
de inscripción, violando el Acuerdo de Escazú.

Que esta
masiva participación, acciones callejeras en repudio y encuestas de opinión
demuestran de forma contundente que no hay consenso social para la
modificación.

Que una de
las senadoras que dió su voto afirmativo, Flavia Royón, tiene denuncia penal
abierta por haber votado esta ley incumpliendo su rol imparcial, dado que se ha
expuesto su interés económico por ser parte de empresas mineras.

Que, a pesar
de todo esto, en los próximos días se otorgará dictamen en la cámara baja para
votar la modificación.

Considerando:

Que los glaciares
y el ambiente periglacial constituyen reservas estratégicas de recursos
hídricos fundamentales para el consumo humano, la agricultura, la recarga de
cuencas y la protección de la biodiversidad y almacenan aproximadamente el 70%
de reservas de agua dulce del país.

Que el
proyecto de reforma pretende restringir la protección únicamente a los cuerpos
de hielo que cumplan con una “función hídrica efectiva y relevante”, una
definición ambigua y subjetiva que deja desprotegidos a miles de cuerpos de hielo
menores a una hectárea y manchones de nieve perennes.

Que con
respecto a la Ley de Glaciares (Ley N° 26.639), su objetivo fundamental es la
preservación de los glaciares y el ambiente periglacial como reservas
estratégicas de recursos hídricos, cuya protección es un bien colectivo de
carácter público.

Que la Ley
26.639 prohíbe la exploración y explotación minera tanto en los glaciares como
en el ambiente periglacial, el cual es esencial ya que, mediante sus suelos
congelados (permafrost) y cuerpos de hielo subterráneo, actúa como regulador
hídrico, aportando caudal a los ríos cordilleranos, especialmente en épocas de
sequía.

Que este
cambio de paradigma representa un retroceso ambiental ilegal e
inconstitucional, violando el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú
(Ley 27.566) y el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado
a garantizar un piso común e inderogable de protección.

Que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la Ley de
Glaciares en 2019, estableciendo que la protección de estos bienes de
incidencia colectiva no puede subordinarse a intereses propietarios
individuales.

Que en un
contexto de crisis climática y retroceso acelerado de glaciares (Argentina
perdió el 42% de su superficie glaciar en los últimos 30 años), es imperativo
mantener y ampliar los niveles de protección para garantizar la provisión de
agua dulce para las generaciones futuras.

Que la
reforma está diseñada "a medida" de grandes proyectos mineros como
Vicuña, Josemaría, El Pachón y San Jorge, que hoy violan o se encuentran
bloqueados por la ley vigente al estar emplazados sobre glaciares de escombros
y ambiente periglacial.

Que la
defensa de los bienes comunes ha sido históricamente sostenida por la
movilización popular, como se demostró en Mendoza y Chubut, donde el pueblo en
las calles logró frenar intentos previos de desprotección ambiental.

Que el
movimiento socioambiental y científico advierte que si la voluntad del pueblo
no es escuchada en el Congreso, es necesario recurrir a la acción colectiva y
la movilización masiva para impedir la destrucción de las fuentes de vida.

Que
activistas ambientales y comunidades originarias son fuertemente perseguidos y
reprimidos, al día de la fecha hay 32 activistas ambientales presos en Mendoza.

La Junta del Departamento de
Ciencias Antropológicas declara: 

Artículo 1
- Rechazar categóricamente el proyecto de modificación de la Ley N° 26.639
(Ley de Glaciares) por representar una regresión ambiental inconstitucional que
pone en riesgo las reservas hídricas estratégicas del país en favor de
intereses extractivos transnacionales.

Artículo 2
- Llamar a la movilización de toda la comunidad académica, estudiantil y a
la sociedad en general a través de los canales institucionales para el día en
que se vote la sanción definitiva de la reforma en la Cámara de Diputados, en
defensa del agua pura y la integridad de nuestros ecosistemas.

Artículo 3
- Manifestar solidaridad con las asambleas y comunidades originarias que
hoy sufren la persecución y criminalización por defender los bienes comunes,
reafirmando que "el agua vale más que el oro”.

Artículo 4
- Hacer público este pronunciamiento a través de todos los canales de
difusión de la carrera de Antropología.